Decir que las administraciones públicas discriminan a los ciudadanos en función de sus apellidos suena un poco fuerte, pero hay casos en los que ocurre y se puede demostrar matemáticamente. Algunas convocatorias públicas utilizan el sorteo como fórmula para otorgar plazas o realizar determinados procedimientos, pero cuando se hace en función de los apellidos el azar no les da a todos los participantes las mismas probabilidades.
El sistema consiste en elaborar una lista con los candidatos por orden alfabético y elegir una letra por sorteo. A partir de la primera persona que tenga un apellido con esa inicial se empieza a contar. Los ejemplos en los que se utiliza este método son muy variados. Así se elige el orden de participación en ciertas partes de oposiciones en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, la exposición oral a la que se someten los candidatos a ocupar un puesto de profesor o las pruebas físicas de futuros policías.
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