Nuevo jarro de agua fría para el más de medio millón de interinos que trabajan en la actualidad para el Estado (900.000 personas si se incluye a todos los temporales), que tendrán que aprobar las oposiciones pertinentes para consolidar su puesto como empleados de la Administración Pública, al igual que el resto de candidatos que se presenten a las convocatorias. Así lo estima la Audiencia Nacional, que en una sentencia con fecha del pasado 4 de noviembre rechaza la pretensión de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) de que estos trabajadores del Estado con un contrato temporal de larga duración se sometan a un concurso de méritos específico, sin tener que pasar por una oposición.
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