El sindicato PIDE ha demandado judicialmente a la Consejería de Educación por la instrucción que obliga a los docentes a incorporarse a los centros a partir del 1 de junio y ha pedido su anulación como medida cautelar.
Según ha informado en una nota, este jueves ha interpuesto un recurso contencioso administrativo para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales frente a la instrucción conjunta, de 26 de mayo, de la Secretaría General y de la Secretaría General de Educación que obliga a los docentes a acudir a los centros.
