En la planificación de la vuelta a las aulas para septiembre, hay una pugna abierta entre profesores y gobiernos autonómicos a cuenta del protocolo de seguridad contra el Covid-19. Los primeros exigen que se reduzca el número de alumnos por aula para prevenir posibles contagios. Los segundos advierten que esta medida implicará crear nuevos grupos, habilitar otros espacios y contratar a más personal, con las dificultades organizativas y presupuestarias que todo eso conlleva. Entre medias está la ministra Isabel Celaá, que ha tratado de conjugar los intereses de ambos, pero que, tras su reunión del jueves con los consejeros autonómicos, ha desatado la rebelión de los docentes. Es la guerra de las ratios.
