La nueva ley educativa, la ley Celaá, aprobada el miércoles en el Senado, ha desactivado los cambios en el sistema educativo introducidos por la norma anterior, del PP (2013), que fueron más criticados en su día por gran parte de la propia comunidad, como la separación temprana del alumnado en itinerarios distintos, las ventajas a la escuela concertada a expensas de la pública o el refuerzo a la asignatura de Religión. La ley también ha avanzado más que la anterior norma educativa elaborada por los socialistas (la LOE, en 2006) en la distribución del alumnado desfavorecido entre la pública y la concertada y en la reducción de las repeticiones, y ha sentado las bases para diseñar unas asignaturas menos saturadas de contenidos que pongan el acento en los aprendizajes esenciales.
