miércoles, 24 de mayo de 2017

Los contratos de los interinos se limitarán a "necesidades urgentes" y a un máximo de tres años



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La Comisión de Presupuestos ha aprobado este miércoles -gracias a los apoyos de PP y Ciudadanos- limitar la contratación temporal en la Administración Pública  a "casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables" y  una duración máxima de la contratación de tres años, si bien los cambios no afectarán a los actuales interinos ya que empezarán a aplicarse con la entrada en vigor de los Presupuestos de 2017.
La enmienda señala que no se podrá proceder a este tipo de contratación, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades inaplazables. La duración del contrato, en su modalidad de obra o servicio, o del nombramiento, no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior también a tres años, señala Efe.
Esta es una del alrededor de medio centenar de enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 que han sido aprobadas en Comisión, según recoge Servimedia, gracias a los votos de PP, Ciudadanos, PNV y UPN, una mayoría que no ha sufrido ninguna derrota, señala Europa Press.
Durante la sesión, además, han sido rechazadas las miles de enmiendas pactadas por el PSOE con Unidos Podemos y ERC (alrededor de 3.000) para salvar su debate, después de que la Mesa de la Comisión de Presupuestos no las admitiera a trámite la semana pasada por suponer un incremento del gasto.
La oposición había transaccionado la mayoría de las enmiendas y las redirigieron a otra sección diferente de la 31 (dotada con 15 millones) con partidas de alta y baja dentro la misma sección. PSOE y Unidos Podemos han acusado al PP y a Ciudadanos de tener un "pacto de hierro" para no aceptar ninguna de sus enmiendas, algo que han rechazado los 'populares'.
El PP ha pactado con el PNV, Foro Asturias y Coalición Canaria una serie de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para recoger inversiones en esas tres comunidades autónomas y asegurarse apoyos para sacar adelante el proyecto de ley en esta segunda jornada de debate en la Comisión de Presupuestos del Congreso

Los ayuntamientos podrán reinvertir el superávit de 2016

Otra de las enmiendas que ha aprobado la Comisión de Presupuestos es que los ayuntamientos que cerraron 2016 con superávit puedan invertir estos fondos este año y el que viene, siempre que respeten la regla de gasto y los destinen a inversiones financieramente sostenibles. La iniciativa ha sido apoyada por el PSOE, Ciudadanos y PNV entre otras formaciones, según recoge Efe.
En su enmienda los 'populares' inciden en el condicionante de que las cuentas municipales, a final de 2018, estén saneadas, ya que recogen expresamente que el ayuntamiento "no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2018", señala Europa Press.
La 'regla de gasto', contemplada en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que el incremento del gasto para un año no puede superar el PIB potencial de la economía, que para este 2017 es del 2,1% y para 2018 es del 2,3%.
Además, se ha aprobado reducir la temporalidad de los investigadores universitarios para que cada universidad destine un mínimo del 15% de las plazas que oferte a la incorporación de investigadores que hayan finalizado el Programa Ramón y Cajal y hayan obtenido el certificado I3.
Otra de las iniciativas que han salido adelante es la de elevar las deducciones del impuesto de sociedades a la inversión en producciones cinematográficas españolas hasta el 25% en el primer millón de euros y el 20% en el resto, sin que el ahorro total supere nunca los 3 millones de euros.
Por otra parte, las iniciativas de Nueva Canarias relativas a un plan integral de empleo en las islas, a la protección a personas dependientes, a impulsar con mayor financiación el transporte público regular de viajeros entre Canarias, Madrid y Barcelona y para elevar la bonificación a los vuelos entre islas del 50% actual al 75%, han sido rechazadas y se mantendrán vivas para su previsible aprobación en el pleno del Congreso, según señala Efe.

Rechazado que la Familia Real tenga que publicar sus bienes y actividades

En otro orden de cosas, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han sumado sus votos este miércoles en la Comisión de Presupuestos del Congreso para rechazar una enmienda de Unidos Podemos al proyecto presupuestario que pretendía obligar los miembros de la Familia Real a presentar una declaración de bienes y actividades, tal y como hacen los cargos políticos.
"Un Estado supuestamente democrático no puede permitir instituciones opacas. El jefe del Estado debe dar explicaciones públicas a través de las cuentas", ha defendido el diputado de En Comú Podem Joan Mena. Sin embargo, el 'popular', Rubén Moreno le replicó que el último informe de Transparencia Internacional ha situado a la Casa del Rey en un cuarto lugar que "ya quisieran" otras instituciones, recoge Europa Press.
Además, PP, PSOE y Ciudadanos han tumbado las enmiendas de ERC que pretendían suprimir la asignación presupuestaria a la Casa del Rey y sustituirla por una retribución salarial para el Jefe del Estado equivalente a la del presidente del Gobierno.
Además de pronunciarse sobre las enmiendas, la Comisión de Presupuestos ha votado la sección presupuestaria correspondiente a la Casa del Rey, que ha sido votada conjuntamente con las cuentas de Cortes Generales y otras instituciones, todas ellas aprobadas con apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos, el PNV y Unión del Pueblo Navarro.

martes, 23 de mayo de 2017

Los "aprobados sin plaza" piden evitar que una sola persona acumule varios puestos de funcionario

 

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Cada vez que se convocan oposiciones a varios cuerpos de la administración pública dentro de las mismas áreas, es frecuente que los aspirantes se postulen a varias pruebas para multiplicar sus opciones de conseguir un puesto, ya que en la mayoría de los casos hay temarios comunes. Por ejemplo, en la administración de Justicia, en concreto a la Oficina Judicial, una buena parte de los opositores se presentan tanto a la plaza más complicada (Gestión procesal) como a las de siguiente nivel de dificultad (Tramitación Procesal y Auxilio Judicial), salvo que carezcan de la titulación necesaria para alguna de ellas.
Como resultado, en ocasiones la misma persona consigue hasta dos y tres plazas. Y normalmente, los que obtienen varios puestos optan por pedir una excedencia en aquellos que les interesan menos, aunque no tengan intención alguna de ocuparlos. Así, automáticamente, estas plazas pasan a ser asumidas por interinos.


A veces estos interinos serán los propios opositores que han aprobado pero se han quedado a las puertas de conseguir su plaza. Así, tienen la opción de entrar en la bolsa de trabajo cuando ésta se abra y con su examen acumulan puntos que les pueden servir para acceder a estos puestos de trabajo temporal, aunque para ello en ocasiones pesen más otros méritos como la antigüedad o el conocimiento de lenguas cooficiales.
La Justicia no es el único sector público en el que se dan estas circunstancias, también ocurre en otros como la Educación o la Sanidad. De hecho, en los últimos años se han puesto en marcha diversas plataformas en las que los afectados comparten información y experiencias. Es el caso de los Aprobados sin plaza del Sistema Extremeño de Salud Aprobados Oposiciones sin plaza Educación Canarias, o la Plataforma de Aprobados sin plaza Administración de Justicia
En el caso de Justicia, hay 549 aprobados de 2015 que, a pesar de haber superado la nota de corte en todos los procesos, se quedan sin plaza. Sólo la solidaridad puntual de quienes han conseguido más de un puesto y deciden renunciar (con lo que también pierden la oportunidad de eventuales traslados o futuros cambios) "salva" a los siguientes en la lista. 
Esta es una situación que se ha venido dando de manera tradicional en las oposiciones organizadas por Justicia, un Ministerio que se ha negado a hacer ningún tipo de comentario sobre estos problemas, consultado reiteradamente por este diario. Los afectados de hace dos ejercicios se han organizado a través de las redes sociales, de manera que su caso ya ha llegado al Congreso de los Diputados.


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Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado una pregunta parlamentaria en la que cuestiona si el Gobierno tiene intención de modificar el marco normativo para resolver esta situación. El portavoz de Justicia del grupo, Jaume Moya, quien además es procurador, explica que las circunstancias descritas generan una gran volatilidad en los juzgados, ya que hay un gran número de interinos que van rotando. Y el problema es que, a falta de implementar una nueva rutina procesal, en la actualidad se mantiene el esquema decimonónico en el que los casos están totalmente vinculados a los funcionarios de turno, lo que implica que cada vez que una plaza cambia de titular los expedientes se van a atrasando, y se pueden llegar a encallar durante años.
Es por ello que en su iniciativa, al igual que en las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la formación reclama que se ponga en marcha la llamada Oficina Judicial, que entre otras cuestiones favorecería que cada caso sea conocido y tramitado por un mayor número de funcionarios que en la actualidad. También sugieren la opción de que se deje pasar el suficiente tiempo entre convocatorias, de suerte que los aprobados que ya tengan una plaza no vean la necesidad de presentarse a otro proceso.
Pero además, Moya hace hincapié en el "grave perjuicio" en la situación personal de los "aprobados sin plaza", que en ocasiones han estado años estudiando y dedicando esfuerzos sin obtener un resultado positivo a pesar de haber superado las notas de corte establecidas por los tribunales calificadores.
Es el caso que relata María José, una de las afectadas e impulsora de la plataforma. "Empecé a prepararme las oposiciones y en la academia me recomendaron que por el tiempo que tenía disponible me preparase para Tramitación y Auxilio. Quedé por encima de la nota de corte en el segundo caso. Mi sorpresa fue cuando tres semanas más tarde me enteré de que estaba fuera".
María José escribió un mensaje en un foro de Justicia en internet, empezó a recibir notificaciones de otros afectados y finalmente decidieron abrir una página en Facebook y crear una plataforma, desde la que han remitido escritos al Ministerio de Justicia y han conseguido que sindicatos y grupos parlamentarios se interesen por su caso.
"Las personas que conservan todas sus plazas y piden excedencias están en su derecho", dice, pero lamenta que se deje "a total arbitrio del titular una decisión tan importante como es la de permitir el acceso o no a otra persona". La plataforma cree que esta responsabilidad debe ser asumida por la Administración Pública. De hecho, las pocas renuncias que se dan traen causa en la solidaridad, "cuestión demasiado subjetiva como para disponer de tanto poder", añaden en sus alegaciones ante Justicia.
Los afectados también recuerdan que la Oferta de Empleo Público tiene como finalidad la ocupación efectiva de las plazas, es decir, cubrir la necesidad de recursos humanos. Pero "dicha finalidad no se cumple en la convocatoria derivada de la OEP 2015 debido a que centenares de plazas van a quedar sin ocupar, al haber aprobado sus titulares dos y hasta tres procesos selectivos". Creen que ello supone una infracción de tales normas y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En el caso de Madrid, en 2015 un total de 49 opositores aprobaron la oposición de Auxilio Judicial y Tramitación Procesal; 9 opositores Tramitación Procesal y Gestión Procesal y 3 Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial.
"Los aprobados sin plaza disponen de calificaciones superiores a las notas de corte, de modo que disponen de mérito y disponen de capacidad. Puesto que van a quedar vacías centenares de plazas, las mismas deberían ser ocupadas por aquellas personas que han superado los cortes marcados por el Tribunal Calificador", lamentan.
El Ministerio de Justicia es conocedor de esta situación desde como mínimo el año 2012, momento en que un colectivo de aprobados sin plaza reclamó una solución a su situación. "Sin embargo, no ha actuado en consecuencia y ha provocado que en la presente convocatoria se barajen datos escandalosos. Nunca antes se había dado una cifra tan escalofriante como la derivada de 2015: 549 aprobados sin plaza en todo el territorio nacional. Existe una responsabilidad por parte de la Administración de Justicia al respecto", denuncia este colectivo.

domingo, 21 de mayo de 2017

El Gobierno portugués corta las ayudas a los colegios privados

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La polémica ha estallado con fuerza en Portugal tras el anuncio del Gobierno socialista que lidera Antonio Costa de poner fin al 60% de los acuerdos y subvenciones estatales a colegios privados, muchos de ellos de la Iglesia Católica, durante el próximo curso lectivo 2016-2017. Los acuerdos afectan a un número importante de centros que funcionan en un régimen similar al de los concertados españoles. Se firmaron en la década de los 80 del siglo pasado para que los alumnos de zonas rurales y poco pobladas, de norte a sur del país, sin oferta pública educativa o con necesidades especiales, pudieran recibir una educación gratuita sin tener que desplazarse muchos kilómetros.
De nada han servido los mensajes del jefe del Estado, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, pidiendo «una solución de sentido común, beneficiosa para ambas partes y sobre todo para los alumnos y profesores afectados por los recortes». La confirmación gubernamental la hizo el martes por la noche la secretaria de Estado de Educación, Alexandra Leitão, mano derecha del ministro de Educación Tiago Brandão Rodrigues, tras una larga reunión mantenida con la Asociación de Establecimientos Portugueses de Enseñanza Privada y Cooperativa (AEPP). Leitão avanzó que «solo 21 de los 79 colegios privados lusos con contratos de asociación los mantendrán como hasta ahora durante el próximo año lectivo». La secretaria de Estado afirmó también que «en septiembre 39 de los 79 centros no ofertarán los cursos de quinto de Primaria, primero de Secundaria y primero de Bachillerato». Añadió que «habrá otros 19 centros que tampoco podrán impartir todos los cursos de la enseñanza obligatoria a los alumnos».

Inflexibilidad
La reacción de los colegios privados afectados, de la Conferencia Episcopal lusa y de los dos partidos políticos de centro-derecha, el PSD del Passos Coelho y el CDS-PP de Assunção Cristas, no se han hecho esperar. Antonio Sarmento, presidente de la AEPP, acusó al Gobierno de Costa de dejarse presionar «e influir por los sindicatos, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista para acabar con los contratos de asociación con los centros privados». Según declaró, «estamos indignados con la decisión del Ejecutivo, que ha demostrado muchísima inflexibilidad en las negociaciones a pesar de los llamamientos del presidente».
La presidenta del conservador CDS-PP, Assunção Cristas, ha criticado duramente la decisión de Antonio Costa que considera «totalmente injusta y partidista y que perjudica a millares de niños del interior del país». Cristas considera que la decisión del Ejecutivo luso es «una concesión a la izquierda y a los sindicatos más radicales».
El presidente de la Conferencia Episcopal portuguesa (CEP) el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, pidió inicialmente «un acuerdo por el bien de todas las partes». Señaló que «esta no es una polémica entre los colegios públicos y los privados». Clemente hizo pública su posición en una homilía durante las celebraciones de la Festividad de Fátima. La Iglesia tiene una gran fuerza de arrastre en Portugal.

Más de 10.000 niños afectados y mil profesores a la calle

Según la patronal que engloba a los centros afectados son más de 10.000 los niños y adolescentes del interior de Portugal que se quedarán sin la plaza que tenían hasta el momento. El próximo curso se les adjudicará una que, con toda probabilidad, estará lejos de su residencia dada las carencias del sistema público. Los profesores despedidos serán mil.         
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Profesores y maestros tienen derecho a 6 días de asuntos propios


Los funcionarios docentes no universitarios están de enhorabuena, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconozca, por sentencia, que tienen el mismo derecho que el resto de funcionarios a disponer de 6 días para asuntos propios, más conocidos como moscosos, a pesar de que hasta la fecha la Junta de Castilla y León se lo había negado. El tribunal considera que, lo contrario, la Junta estaría incurriendo en “discriminación”.

Así lo ha dado a conocer hoy CCOO, quien avanza que la Junta no está por la labor de otorgar este derecho a los trabajadores, mientras el sindicato se muestra dispuesto a dialogar para conjugar las particularidades del sistema educativo con el derecho recién reconocido de los funcionarios. “Queremos negociar, no dinamitar el sistema”, han explicado hoy Antonio Salvador, José M. Sánchez y Esteban Alonso, de CCOO.

No es la única sentencia que falla a favor de los docentes. Recientemente, la justicia reconocía el derecho de los trabajadores interinos a recibir la misma indemnización que cualquier trabajador temporal, si bien hasta la fecha la Administración liquidaba a los interinos sin ningún tipo de compensación económica. Por ello, CCOO inicia una campaña, tanto para los docentes del sector público como del privado, y para todos los interinos de cualquier sector de la administración pública, para que reclamen a través del sindicato sus indemnizaciones, subvencionando los gastos judiciales. Además, según han explicado hoy, “se abre la puerta” a que los interinos que de forma recurrente encadenen contratos a que reclamen ser indefinido no fijo hasta que se cubra la plaza, lo que daría “estabilidad a mucha gente”.



Asimismo, ya hay sentencias en Navarra que obligan a la administración educativa a pagar la seguridad social en los meses de verano a los docentes que lleven más de cinco meses y medio dando clase, ya que hasta la fecha se les rescindía el contrato al finalizar el curso.

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viernes, 19 de mayo de 2017

Podemos pedirá en el Congreso que los interinos tengas las mismas condiciones que el resto de docentes

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El diputado nacional de Podemos, Javier Sánchez Serna ha explicado que frente a los intentos del PP “de precarizar aún más a los interinos docentes, con el artículo 19.2 de los PGE, que impiden contratar interinos más de 3 cursos seguidos, vamos a defender una proposición para dotar de estabilidad a estos profesionales”.

En la Región de Murcia hay casi 5.000 interinos que se podrían ver beneficiados por estas medidas. Durante la crisis, ha asegurado el diputado nacional de Podemos, “se destruyeron 3.300 puestos de trabajo y por eso queremos acordar lo antes posible, en un plazo máximo de 3 meses, con las organizaciones sindicales y colectivos de interinos así como con las administraciones autonómicas competentes un proceso extraordinario que en todo caso estará basado , en la valoración de los méritos acumulados por las personas aspirantes en sus años de servicio como personal docente en el sistema público de enseñanza. Se tendrá en cuenta el global de su experiencia y no sólo de forma parcial”.


La situación de los interinos es, para Javier Sánchez Serna, “un evidente fraude de ley pues tenemos profesores ocupando plazas estructurales y no sustituciones y están en condiciones mucho peores que el funcionariado de carrera, ejerciendo exactamente el mismo trabajo y con idénticas responsabilidades”.

Si bien, ha añadido, al gobierno de Rajoy “le importa bastante poco el asunto puesto que dada su importancia debería haber una hoja de ruta aprobada por la mayoría de los representantes en el Congreso. Una hora de ruta para consolidar este colectivo y solucionar la inestabilidad y precariedad laboral que viven”

En este sentido, Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos en el Congreso ha señalado que es “urgente que las Administraciones reduzcan las altas tasas de interinidad mediante la convocatoriaadecuada de plazas que permita a los interinos que han prestado servicios para las Administraciones públicas educativas; en especial, aquel que llevan más de 3 años de servicio y que, por tanto, sería fijo en cualquier empresa privada”.


Al final, ha concluido Sánchez Serna, quien sufre realmente esta situación aparte de los interinos, “son los alumnos y alumnas de la escuela pública. La generalización de los contratos parciales, la pérdida de las retribuciones del verano o, en el peor de los casos, la no renovación del contrato y la pérdida de su empleo, sólo traen aulas saturadas y niños y niñas que no reciben la educación que merecen”.





                               
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miércoles, 17 de mayo de 2017

Educación quiere que la experiencia puntúe más en las oposiciones a profesor

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Educación quiere que la experiencia puntúe más en las oposiciones a profesor

El Gobierno negocia con las comunidades las características de las pruebas y plantea renovar los temarios


Cerca de 100.000 profesores son interinos, funcionarios sin plaza fija. Todos podrán participar en lasoposiciones que las comunidades autónomas prevén poner en marcha a partir de este año dentro de la amplia oferta pública de empleo que ha aprobado el Gobierno. El Ministerio de Educación ha empezado ya una negociación con las comunidades para ver cómo reconoce el trabajo previo de estos interinos. Quieren que su experiencia tenga más peso en la puntuación final en lugar de abrir un procedimiento exclusivo para ellos.
Después de que el Gobierno aprobara en marzo una oferta pública de empleo histórica con más de 250.000 plazas en tres años, queda negociar los detalles. Representantes del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas se reunieron este miércoles para hablar de oposiciones en la comisión de personal de la Conferencia de Educación. El portavoz del ministerio fue José Luis Blanco, director general de Cooperación Territorial, y fueron convocados los cargos equivalentes de las regiones.
Según han confirmado distintos asistentes a EL PAÍS, Blanco planteó dar más importancia a la experiencia en las oposiciones docentes, un aspecto que ya reclaman los sindicatos y que en principio las regiones ven con buenos ojos. Educación descarta abrir un procedimiento específico para consolidar los puestos de interinos al entender que presenta impedimentos legales porque no se garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir estos procesos.

Propuesta a negociar

En el sistema actual de concurso y oposición, esta última fase incluye un examen —que es eliminatorio y para el que la nota mínima es de un 5— que supone un 66% de la calificación final del aspirante. El otro 34% se acredita en la posterior fase de concurso mediante méritos, entre los que se incluyen los años previos de clase. La propuesta a negociar podría pasar por reducir los exámenes, dar más peso a la fase de méritos o descartar una fase de oposición eliminatoria.
Tras años sin convocatorias por la crisis económica y porque el Gobierno llegó a bajar al 10% la tasa de reposición (que supone sustituir una de cada 10 plazas de los funcionarios que se jubilan), seis comunidades —Cataluña, Baleares, Galicia, País Vasco, Andalucía y Madrid, además de Ceuta y Melilla— convocan plazas en 2017. El resto, lo harán a partir del año que viene. Educación quiere sentarse a negociar ahora con los sindicatos los pormenores de la convocatoria y luego volverá a reunirse con las comunidades autónomas. Los posibles acuerdos que se alcancen no serán aplicables en las oposiciones de este año sino, como mínimo, a partir de 2018.

La tasa exacta de interinos

Educación calcula un 20% de tasa media de interinidad, aunque la cifra varía considerablemente de una región a otra. Si se toma como referencia la plantilla oficial de profesores y maestros públicos, 484.293 docentes, salen más de 96.000 interinos, una cifra que Educación también quiere afinar con las comunidades.
Además, plantea una gestión unificada de las bolsas de interinos. Educación considera que el hecho de que cada comunidad gestione sus propias listas ha dado lugar “a un sistema dispar en el que los criterios para el acceso a las listas de interinos, permanencia en ellas y modificación de las mismas son diferentes” en función de cada región, según la documentación que el ministerio envió a las comunidades para la reunión de ayer.

Cambio para modernizar los temarios

Los temarios de las oposiciones a profesor y maestro de la educación pública española se elaboraron en los años noventa. En 2010 el entonces Gobierno del PSOE aprobó unos temarios nuevos que el PP echó atrás en 2012. Ministerio y comunidades abordaron ayer también la posibilidad de cambiarlos para modernizarlos, una cuestión que comparten los sindicatos y que ya en 2010 era un clamor entre los opositores. Lo que pidieron varios representantes autonómicos fue celeridad. Si hay cambio, que se haga rápido para que los aspirantes puedan empezar a estudiarlos a partir de septiembre de cara a las convocatorias previstas en distintas comunidades en 2018.

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