Once comunidades son partidarias de aplazar un año las oposiciones docentes, la mayor parte de secundaria, previstas para este verano. Sus Ejecutivos consideran que no puede garantizarse que en junio o julio se den las condiciones sanitarias adecuadas para reunir a miles de aspirantes, y que el confinamiento genera situaciones muy dispares entre quienes están estudiándolas, lo que quiebra el principio de igualdad. Algunos territorios, como la Comunidad Valenciana y Aragón, ya lo han aprobado en sus mesas sectoriales. Otros, como Cataluña, Euskadi y Madrid quieren mantenerlas.
El asunto será abordado este martes por los consejeros autonómicos y la ministra de Educación, Isabel Celaá, para tratar de alcanzar una posición común, que evite que los territorios donde sí se convoquen reciban candidatos de otros donde se aplacen. Los sindicatos reclaman que se preserve la unidad de convocatoria. Y sus dirigentes temen que el aplazamiento de un año acabe suponiendo la pérdida de las 27.000 plazas previstas debido a los recortes que pueden verse empujados a realizar las Administraciones si la crisis económica causada por el coronavirus es muy profunda. Una marcha atrás que frustraría el plan para reducir la interinidad y rejuvenecer unas plantillas docentes que todavía no se han recuperado de la crisis que estalló la pasada década.
