El Gobierno quiere que deje de haber universidades con apenas un millar de matriculados en grado, que no cuenten con cursos de doctorado o cuya actividad científica sea cercana al cero. Por eso el ministerio del ramo ha preparado un decreto de creación, reconocimiento y autorización de las universidades para que todas (públicas y privadas) demuestren que cumplen con calidad las tres misiones que tienen encomendadas ―docencia, investigación y transferencia de conocimiento― y si no, dejen de impartir carreras en un plazo de cinco años. El texto no es excesivamente exigente (a juicio de la comunidad universitaria), pero solo lo cumplen en su totalidad 18 de las 81 instituciones (el 22%) analizadas en el riguroso informe ¿A qué puede llamarse universidad?, del Observatorio del Sistema Universitario, que se ha presentado este jueves. Esta atalaya de análisis la conforman profesores de los campus públicos de Barcelona que están preocupados por el devenir de la educación superior y que de forma periódica analizan datos oficiales en torno a un debate.
