Rechaza todas las enmiendas de los sindicatos que pretendían suavizar las condiciones de acceso fijadas por el Gobierno
La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ha avalado el Real Decreto del Ministerio de Educación que modifica el reglamento que recoge los criterios para la realización de oposiciones de profesores. Este texto impedía que suspendiendo el primer examen se pudiera acceder al segundo, como así lo habían reclamado los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y STES.
El informe de la ponencia que respaldaba la propuesta del Gobierno ha sido aceptado por todos los miembros de este organismo, excepto STES, rechazándose, igualmente, todas las enmiendas presentadas. Unas enmiendas que iban en la línea de permitir que, con menos de un cinco, se pudiera pasar al siguiente examen y la nota final fuera una media de la dos pruebas.
Este es el segundo aval que recibe la norma del Ministerio de Educación a la que solo le falta el trámite del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado. El primero lo recibió el 20 de diciembre de 2018, cuando se celebró la Conferencia Sectorial de Educación, en la que están presentes todos los consejeros autonómicos. Las regiones gobernadas por el PSOE quisieron suavizar estos criterios, como lo habían pedido los sindicatos, pero al final respaldaron el texto del Ejecutivo.
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Más de cien mil plazas
La Oferta de Empleo Público contempla un total de 150.000 plazas de profesores que se convocarán, por parte de las comunidades, en los próximos cinco años. El objetivo es rebajar la alta tasa de interinidad de los profesores, que supera el 20 por ciento.
Estas normas son provisionales hasta que el Pacto de Estado por la Educación fije las bases del sistema de acceso. En este sentido, el presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha pedido al ministerio que convoque ya una mesa para negociar un sistema de acceso objetivo y moderno.
Fernández Guisado se ha mostrado satisfecho por el apoyo al Real Decreto, advirtiendo a ABC que si las pruebas no fueran eliminatorias «cualquier recurso que hubiera prosperado habría provocado la nulidad de la convocatoria, provocando un caos». En este sentido, hay que recordar que el Tribunal Constitucional respalda el criterio del Gobierno.
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