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Cada vez que se convocan oposiciones a varios cuerpos de la administración pública dentro de las mismas áreas, es frecuente que los aspirantes se postulen a varias pruebas para multiplicar sus opciones de conseguir un puesto, ya que en la mayoría de los casos hay temarios comunes. Por ejemplo, en la administración de Justicia, en concreto a la Oficina Judicial, una buena parte de los opositores se presentan tanto a la plaza más complicada (Gestión procesal) como a las de siguiente nivel de dificultad (Tramitación Procesal y Auxilio Judicial), salvo que carezcan de la titulación necesaria para alguna de ellas.
Como resultado, en ocasiones la misma persona consigue hasta dos y tres plazas. Y normalmente, los que obtienen varios puestos optan por pedir una excedencia en aquellos que les interesan menos, aunque no tengan intención alguna de ocuparlos. Así, automáticamente, estas plazas pasan a ser asumidas por interinos.
A veces estos interinos serán los propios opositores que han aprobado pero se han quedado a las puertas de conseguir su plaza. Así, tienen la opción de entrar en la bolsa de trabajo cuando ésta se abra y con su examen acumulan puntos que les pueden servir para acceder a estos puestos de trabajo temporal, aunque para ello en ocasiones pesen más otros méritos como la antigüedad o el conocimiento de lenguas cooficiales.
En el caso de Justicia, hay 549 aprobados de 2015 que, a pesar de haber superado la nota de corte en todos los procesos, se quedan sin plaza. Sólo la solidaridad puntual de quienes han conseguido más de un puesto y deciden renunciar (con lo que también pierden la oportunidad de eventuales traslados o futuros cambios) "salva" a los siguientes en la lista.
Esta es una situación que se ha venido dando de manera tradicional en las oposiciones organizadas por Justicia, un Ministerio que se ha negado a hacer ningún tipo de comentario sobre estos problemas, consultado reiteradamente por este diario. Los afectados de hace dos ejercicios se han organizado a través de las redes sociales, de manera que su caso ya ha llegado al Congreso de los Diputados.
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado una pregunta parlamentaria en la que cuestiona si el Gobierno tiene intención de modificar el marco normativo para resolver esta situación. El portavoz de Justicia del grupo, Jaume Moya, quien además es procurador, explica que las circunstancias descritas generan una gran volatilidad en los juzgados, ya que hay un gran número de interinos que van rotando. Y el problema es que, a falta de implementar una nueva rutina procesal, en la actualidad se mantiene el esquema decimonónico en el que los casos están totalmente vinculados a los funcionarios de turno, lo que implica que cada vez que una plaza cambia de titular los expedientes se van a atrasando, y se pueden llegar a encallar durante años.
Es por ello que en su iniciativa, al igual que en las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la formación reclama que se ponga en marcha la llamada Oficina Judicial, que entre otras cuestiones favorecería que cada caso sea conocido y tramitado por un mayor número de funcionarios que en la actualidad. También sugieren la opción de que se deje pasar el suficiente tiempo entre convocatorias, de suerte que los aprobados que ya tengan una plaza no vean la necesidad de presentarse a otro proceso.
Pero además, Moya hace hincapié en el "grave perjuicio" en la situación personal de los "aprobados sin plaza", que en ocasiones han estado años estudiando y dedicando esfuerzos sin obtener un resultado positivo a pesar de haber superado las notas de corte establecidas por los tribunales calificadores.
Es el caso que relata María José, una de las afectadas e impulsora de la plataforma. "Empecé a prepararme las oposiciones y en la academia me recomendaron que por el tiempo que tenía disponible me preparase para Tramitación y Auxilio. Quedé por encima de la nota de corte en el segundo caso. Mi sorpresa fue cuando tres semanas más tarde me enteré de que estaba fuera".
María José escribió un mensaje en un foro de Justicia en internet, empezó a recibir notificaciones de otros afectados y finalmente decidieron abrir una página en Facebook y crear una plataforma, desde la que han remitido escritos al Ministerio de Justicia y han conseguido que sindicatos y grupos parlamentarios se interesen por su caso.
"Las personas que conservan todas sus plazas y piden excedencias están en su derecho", dice, pero lamenta que se deje "a total arbitrio del titular una decisión tan importante como es la de permitir el acceso o no a otra persona". La plataforma cree que esta responsabilidad debe ser asumida por la Administración Pública. De hecho, las pocas renuncias que se dan traen causa en la solidaridad, "cuestión demasiado subjetiva como para disponer de tanto poder", añaden en sus alegaciones ante Justicia.
Los afectados también recuerdan que la Oferta de Empleo Público tiene como finalidad la ocupación efectiva de las plazas, es decir, cubrir la necesidad de recursos humanos. Pero "dicha finalidad no se cumple en la convocatoria derivada de la OEP 2015 debido a que centenares de plazas van a quedar sin ocupar, al haber aprobado sus titulares dos y hasta tres procesos selectivos". Creen que ello supone una infracción de tales normas y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En el caso de Madrid, en 2015 un total de 49 opositores aprobaron la oposición de Auxilio Judicial y Tramitación Procesal; 9 opositores Tramitación Procesal y Gestión Procesal y 3 Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial.
"Los aprobados sin plaza disponen de calificaciones superiores a las notas de corte, de modo que disponen de mérito y disponen de capacidad. Puesto que van a quedar vacías centenares de plazas, las mismas deberían ser ocupadas por aquellas personas que han superado los cortes marcados por el Tribunal Calificador", lamentan.
El Ministerio de Justicia es conocedor de esta situación desde como mínimo el año 2012, momento en que un colectivo de aprobados sin plaza reclamó una solución a su situación. "Sin embargo, no ha actuado en consecuencia y ha provocado que en la presente convocatoria se barajen datos escandalosos. Nunca antes se había dado una cifra tan escalofriante como la derivada de 2015: 549 aprobados sin plaza en todo el territorio nacional. Existe una responsabilidad por parte de la Administración de Justicia al respecto", denuncia este colectivo.
