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España tiene la tasa de paro más elevada del Atlántico Norte, y las cifras de precariedad laboral más feas en ese club de países ricos que se hace llamar OCDE. El mercado de trabajo es el gran talón de Aquiles de la economía española, y su reforma es una de las grandes batallas políticas de los próximos tiempos. Pero este no es un artículo más sobre la reforma laboral, porque tal vez la raíz del problema no sea el mercado de trabajo, sino la educación. El Gobierno español usará la palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —en plata: los 144.000 millones en fondos europeos en siete años que están llamados a modernizar la economía española poscovid— para reformar de arriba abajo la Formación Profesional y conseguir hacer más porosa la frontera que separa el empleo de la formación. Poco se sabe de los planes que ha enviado España a Bruselas: apenas las polémicas reformas de pensiones y laboral. Pero un documento del Ministerio de Educación entregado a las autonomías desvela los planes de España en ese flanco: el Ejecutivo invertirá casi 5.000 millones de los fondos europeos en el periodo 2021-2023 en un plan nacional de capacidades digitales, un plan estratégico de impulso a la Formación Profesional y en la digitalización del sistema productivo, que incluirán varios reales decretos y modificaciones legislativas.
