Las distintas administraciones que vertebran el Estado español llevan años abusando de la temporalidad en la contratación de su personal. Así lo dicta una ya famosa sentencia de 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El abuso en la contratación temporal, por parte del sector público educativo, se concreta en el recurso a un ingente número de nombramientos de personal interino. En Cantabria, el 37,2% del personal docente ocupa una plaza vacante en esta situación precaria, en Secundaria asciende al 44,8%, y en la etapa de la Formación Profesional supera durante el curso actual el 50%. La Comunidad Autónoma se enfrenta así a unas tasas de interinidad que ahogan la gestión del personal, y lastran todo el sistema educativo, aquejado de una inestabilidad crónica en sus plantillas docentes.
